domingo, 19 de febrero de 2017

PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO COMO RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (IV PARTE)

Bases Legales de la investigación
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela
(1999)

         La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela hace un reconocimiento a los pueblos y comunidades indígenas, sus culturas, usos y costumbres como forjadores de una patria libre y soberana. Es justo sobre este proceso de refundación de la República consagrada además en unos principios democráticos, participativos, protagónicos, multiétnicos y pluriculturales, que el Estado acoge los valores culturales como un bien irrenunciable del pueblo venezolano y como un derecho sobre el cual se deba garantizar la protección, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural.
         La presente investigación tiene una fundamentación legal que tiene como elemento común la participación y la organización de las comunidades como parte importante en el desarrollo social y cultural de la población. Y dicha normativa a nivel nacional regula todo lo concerniente a la protección, conservación y mantenimiento de los bienes patrimoniales, así como también nos permite aproximarnos a la idea que se maneja sobre esta área. En este sentido, comenzamos haciendo referencia al capítulo VI, específicamente en sus artículos 98, 99 y 100 de la carta magna, el cual recoge los derechos culturales y educativos que tienen los ciudadanos, así como la responsabilidad que asume el Estado venezolano en garantizar dichos deberes.
         Artículo 99:

Los valores de la cultura constituyen un bien irrenunciable del pueblo venezolano y un derecho fundamental que el Estado fomentará y garantizará, procurando las condiciones, instrumentos legales, medios y presupuestos necesarios. Se reconoce la autonomía de la administración cultural pública en los términos que establezca la ley. El Estado garantizará la protección y preservación, enriquecimiento, conservación y restauración del patrimonio cultural, tangible e intangible y la memoria histórica de la Nación. Los bienes que constituyen el patrimonio cultural de la Nación son inalienables, imprescriptibles e inembargables. La ley establecerá las penas y sanciones para los daños causados a estos bienes.

         Se toma especialmente este artículo porque en él se reconoce el patrimonio cultural como un conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la memoria histórica del país por lo tanto es un deber en sí mismo todo lo concerniente a su protección, preservación, enriquecimiento, conservación y restauración. Dicho capítulo además reconoce también los derechos culturales y educativos, la libertad sobre la creación cultural, los valores culturales como bien irrenunciable  y como derecho fundamental de los ciudadanos, y el principio de la igualdad cultural como parte de la venezolanidad.

Ley Orgánica de los Consejos Comunales (2009)

         Como una forma de regular la participación ciudadana para el pleno ejercicio de su soberanía popular, y su relación con todos los órganos y entes de la administración pública, se crean los Consejos Comunales como instancias de participación enmarcados en una democracia participativa y protagónica, a fin de permitir de acuerdo al artículo 2 de la referida ley, lo siguiente:
         “…ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas y proyectos orientados a responder a las necesidades, potencialidades y aspiraciones de las comunidades…” (p. 4)

Ley Orgánica del Poder Popular (2010)

         Esta ley tiene como objetivo principal el desarrollo y consolidación del Poder Popular en sus diferentes medios de participación para el ejercicio pleno de la soberanía y de la democracia participativa y protagónica. Por ello, el Poder Popular queda consagrado en el principio de soberanía popular y concebido según el artículo 2 como: “…el ejercicio pleno de la soberanía por parte del pueblo en lo político, económico, social, cultural, ambiental, y en todo ámbito de desenvolvimiento y desarrollo de la sociedad…” (p. 4) El cual tiene como fin garantizar la vida y desarrollo de los ciudadanos a través de los diferentes medios que garanticen la igualdad de condiciones sin discriminación alguna y sin menoscabo de las garantías y derechos constitucionales.
         Dicha soberanía y ejercicio pleno de la participación ciudadana se fundamenta en principios y valores expresados en el artículo 5 de la referida ley: “…democracia participativa y protagónica, interés colectivo, equidad, justicia, igualdad social y de género, complementariedad, diversidad cultural, defensa de los derechos humanos, corresponsabilidad, cogestión, autogestión, cooperación, solidaridad, transparencia, honestidad, eficacia, eficiencia, efectividad, universalidad, responsabilidad, deber social, rendición de cuentas, control social, libre debate de ideas, voluntariedad, sustentabilidad, defensa y protección ambiental…”.
         Dentro de los fines del poder popular destacamos el literal 5 del artículo 7 correspondiente al de “Coadyuvar en las políticas de Estado en todas sus instancias, con la finalidad de actuar coordinadamente en la ejecución del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación y los demás planes que se establezcan en cada uno de los niveles políticos-territoriales, y las instancias políticos y administrativos que la Ley establezca”. (p.7) Como parte de la corresponsabilidad de los integrantes de una comunidad en el deber de contribuir a la preservación, cuidado y conservación de todo su acervo histórico importante en el desarrollo y ejecución de todas sus derechos y garantías.

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010)

         De esta normativa nos enfocaremos en las funciones de control, vigilancia y fiscalización que cumple la Contraloría General de la República sobre los bienes públicos, tal como queda establecido en su artículo 2, el cual reza de la siguiente manera:
La Contraloría General de la República, en los términos de la Constitución de la República y de esta Ley, es un órgano del Poder Ciudadano, al que corresponde el control, la vigilancia y la fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos…

         La supremacía de la norma nos refiere que la ley establecerá las penas y sanciones para quienes causen daño a los bienes constitutivos del patrimonio cultural de la Nación, sin embargo dicha ley nos obliga a remitirnos a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República por cuanto la constitución no nos conduce a ningún otro artículo que lo establezca. En tal sentido, el título III sobre las potestades de investigación, las responsabilidades y sanciones, y en cumplimiento del ejercicio de su función contralora, y en los mismos términos que la constitución señala, la Contraloría puede realizar, de acuerdo al artículo 77, numeral , todas “…las actuaciones que sean necesarias, a fin de verificar la ocurrencia de actos, hechos u omisiones contrarios a una disposición legal o sublegal, (así como también) determinar el monto de los daños causados al patrimonio público…”
        Dicha ley aparte de regular las funciones de la Contraloría General de la República y todo el Sistema Nacional de Control Fiscal, también regula la participación de todos los ciudadanos en el ejercicio de la función de control, y dicha función la ejercen no solo los entes, organismos y servidores públicos sino también los particulares como parte de la responsabilidad que tienen en el ejercicio de la participación sobre el control en la gestión pública. De manera que, no se puede dejar a un lado el artículo 91 referido a los supuestos generadores de responsabilidad administrativa sobre cualquier acto, hecho u omisión, específicamente el numeral 5, el cual puntualiza sobre “La utilización en obras o servicios de índole particular, de trabajadores o trabajadoras, bienes o recursos que por cualquier título estén afectados o destinados a los entes y organismos…” sujetos al control, es decir; los organismos y entidades del Poder Público Nacional, Estadal, Distrital, Municipal, en los Territorios Federales, institutos autónomos en estos mismos ámbitos, Banco Central, universidades públicas, las personas de derecho público, las sociedades y fundaciones con fondos públicos y las personas tanto  naturales como jurídicas que administren, manejen o custodien recursos públicos.
Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos (2014)
(Gaceta extraordinaria N° 6.155, de fecha 19 de noviembre de 2014, Decreto presidencial N° 1.407)
         Este Decreto tiene por objeto el establecimiento de normas para regular el ámbito, organización, atribuciones y funcionamiento de todo el Sistema de Bienes Públicos como parte integrante del Sistema de Administración Financiera del Estado venezolano (artículo 1°), cuyo ámbito de aplicación es de orden público y son de estricto cumplimiento por parte de las entidades que conforman este sistema y por las personas naturales o jurídicas que ejerzan alguna custodia o derecho sobre un Bien Público. (Artículo 2°) La nueva normativa contempla la incorporación y modificación de algunos artículos, entre los cuales destaca los órganos y entes que comprenden el sector público, quedando establecidos según el artículo 3° en:
1.    Los órganos y entes a los que incumbe el ejercicio del Poder Público Nacional, Estadal, los Distritos y Distritos Metropolitanos, los del Poder Público Municipal y demás entidades locales previstas en la Ley que regula la materia del Poder Público Municipal,  así como también los del Poder Público en los Territorios y Dependencias Federales.
2.    Los institutos autónomos o públicos nacionales, estadales, distritales y municipales.
3.    El Banco Central de Venezuela y el Sector Público Financiero en general.
4.    Las Universidades Públicas.
5.    Las sociedades mercantiles en las cuales la República o cualquiera de los órganos o entes de la administración pública antes señalado, tengan participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social. Comprendiendo además, las sociedades de propiedad totalmente estatal, cuya función, a través de la posesión de acciones de otras sociedades, sea coordinar la gestión empresarial pública de un sector de la economía nacional.
6.    Las sociedades mercantiles y de cualquier naturaleza en las cuales las personas referidas anteriormente tengan una participación igual o mayor al cincuenta por ciento (50%) del capital social, así como las que se constituyan con la participación de aquellas.
7.    Las personas jurídicas previstas en la ley que regula la materia del poder popular.
8.    Las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones creadas con fondos públicos o que sean dirigidas por las personas a que se refieren los numerales anteriores o en las cuales tales personas designen sus autoridades, o cuando los aportes presupuestarios o contribuciones efectuados en un ejercicio presupuestario por una o varias de las personas ya referidos representen el cincuenta por ciento (50%) o más de su presupuesto. "
De acuerdo al presente Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Bienes Públicos, estos quedan definidos en su artículo 5° como:
1.    Los bienes muebles e inmuebles, títulos, valores, acciones, cuotas o participaciones tanto de dominio público como privado adquirido por los órganos y entes del sector público, y los provenientes de las herencias yacentes.
2.    Los bienes y mercancías que se encuentren en el territorio de la República y que no posean dueño, y las que sean objeto de una medida de comiso mediante acto administrativo.
3.    Las mercancías declaradas abandonadas.
         Dichos bienes corresponden a las categorías de Bienes Nacionales, Estadales, Municipales y Distritales. Y clasificados como bienes del dominio público o del dominio privado. Dentro de los Bienes Públicos del dominio público nos interesa destacar a fines de las imágenes que presentamos, los bienes destinados al uso público y los bienes de importancia histórica y artística.
         La normativa destaca la inclusión de una nueva acepción en las categorías de bienes públicos considerando también a aquellos bienes muebles o inmuebles pertenecientes al Estado venezolano que se encuentren en tránsito o que estén permanentemente instalados en el país ante cuyo Gobierno estén acreditados, según las disposiciones en materia de servicio exterior. Asimismo, se incorpora la Coordinación entre los integrantes del Sistema de Bienes Públicos, mediante el cual los órganos y entes del sector público dentro del ámbito de sus competencias, colaborarán con la Superintendencia de Bienes Públicos, como órgano rector dependiente del Ministerio de Finanzas, para el ejercicio de sus atribuciones, a su vez, este brindará apoyo en el fomento de la corresponsabilidad.
        Para llevar a cabo dicha coordinación, se crean las Unidades de Bienes Públicos (artículo 21°) como instancia administrativa y responsable patrimonialmente de los bienes públicos, y dichas unidades trabajarán bajo los criterios de cooperación y colaboración con cada una de las ramas del Poder Público, el cual nos vincula con el Poder Público Municipal del Municipio Ambrosio Plaza.
         La Superintendencia de Bienes Públicos es creado para ejercer la rectoría del Sistema de Bienes Públicos tanto a nivel superior como a nivel de apoyo sobre cada uno de los órganos y entes que la conforman y a nivel sustantivo encargándose del registro de los bienes, de peritos evaluadores, de la gestión patrimonial de los bienes, de la supervisión, fiscalización, y sobre las normas técnicas y de capacitación.
De acuerdo al artículo 25 del referido Decreto, estas normas de capacitación estarán a cargo de las siguientes atribuciones:
·         Emisión, formulación, evaluación y revisión de las normas e instrumentos complementarios destinados a la regulación y control de las actividades que realizan los órganos y entes del sector público en materia de bienes públicos.
·         Implementación de planes y programas de formación y capacitación al funcionario, funcionaria y persona natural o jurídica que la requieran conforme a lo establecido en la normativa legal vigente.
·         Cualquier otra que establezca la Superintendencia de Bienes Públicos.
        En cuanto al registro de los bienes, la Dirección encargada deberá llevar el registro, control y seguimiento de los bienes muebles e inmuebles conforme a lo establecido en el presente Decreto así como los bienes georreferenciales de valor artístico e histórico. Se incorpora el Registro de Peritos mediante el cual se pretende desarrollar y mantener el registro de acreditación y actualización sobre el catastro inmobiliario del sector público.
         Asimismo, la normativa incorpora en su artículo 28 la forma de llevar a cabo la gestión patrimonial de los bienes atribuyéndole funciones, tales como; normar e implementar procedimientos que regulan la administración de los Bienes Públicos según sean los actos de adquisición, administración, disposición, registro, supervisión, inscripción, saneamiento, incorporación, desincorporación de los bienes patrimoniales.
         Para asegurar el control de los Bienes Públicos pertenecientes a los órganos y entes del sector público, y de los que llegarán a formar parte de estos, se incluye en la normativa específicamente en el artículo 29 las atribuciones referentes a su Supervisión y Fiscalización, quedando establecidos de la siguiente manera:
-      Inspección, supervisión y diagnóstico permanente en cuanto al uso, conservación, mantenimiento, protección, adquisición, disposición, incorporación, enajenación, registro, guarda, control, custodia, administración y ubicación de los bienes públicos, así como los bienes ocultos, desconocidos o declarados en estado de abandono.
-      Ejercer la potestad investigativa ante la tramitación de solicitudes, denuncias y contravenciones ocurridas en ocasión a los actos y actividades en materia de Bienes Públicos.
         De igual manera y en función del control de los Bienes, la Superintendencia tiene un gran número de competencias, que de forma resumida destacaremos solo las siguientes referentes a:
1.    Participar en la formulación de las políticas para la administración, registro y disposición de los bienes públicos.
2.    Proponer y promover normas legales destinadas al fortalecimiento del Sistema de Bienes Públicos en función de la modernización y fines sociales del Estado.
3.    Opinar, asesorar y coordinar las actividades de las unidades administrativas de bienes del sector público, así como asegurar el cumplimiento de políticas y normas en la materia.
4.     Con carácter orientador podrá evacuar consultas, interpretar y emitir pronunciamientos institucionales sobre los bienes públicos.
5.    Establecer el registro y disposición de los bienes públicos conforme a las normas técnicas establecidas.
6.    Supervisar el registro, administración y disposición de bienes públicos.
7.    Remitir los expedientes administrativos a que haya lugar en ocasión del incumplimiento de las normas previstas en este Decreto.
8.    Mantener información actualizada sobre la existencia, valor, ubicación, estado de conservación y funcionamiento de los bienes públicos.
9.    Mantener relaciones con los órganos y entes de cada nivel de los poderes públicos sobre el registro y disposición de los bienes.
10. Establecer e imponer sanciones pecuniarias y administrativas a que haya lugar de conformidad con lo establecido en el presente Decreto.
         En concordancia con la colaboración entre la Superintendencia de Bienes Públicos y los órganos y entes del Sector Público, se han establecido en su artículo 35, funciones y atribuciones comunes para cumplimento de sus deberes, en tal sentido, se debe realizar el diagnostico de los bienes, requerir información a los particulares que ejerzan o hayan ejercido algún derecho sobre ellos, y recibir las denuncias y sugerencias emitidas por la ciudadanía en relación al manejo y administración de los bienes públicos.
         Son responsables de los bienes públicos así como también de los gastos de conservación, mantenimiento y protección, todos los órganos y entes del sector público que tengan a su cargo la propiedad, custodia, protección, adscripción o asignación de un bien, y podrá designar a un encargado del mantenimiento y administración del mismo, respondiendo patrimonialmente ante cualquier daño, pérdida o deterioro que sufra el bien custodiado. Al respecto, el Municipio Ambrosio Plaza cuenta con un determinado número de bienes públicos sobre la cual pesa la responsabilidad establecida en este Decreto, así como también posee bienes que no han sido adscritos o asignados pero si considerados bajo la custodia o protección por parte de algún organismo competente en la materia, tal como es el caso de los hornos en resguardo en el sector El Cercado.
         En consecuencia, los bienes que están bajo la guarda, custodia o administración de los entes y órganos públicos quedarán conservados, mantenidos y protegidos de acuerdo a las normativas establecidas en este Decreto sin perjuicio de lo que este establecido en otras leyes. En tal sentido, deberán adecuar y perfeccionar los métodos y procedimientos de control interno en relación al mantenimiento, conservación y protección de sus propios bienes. De igual manera, los funcionarios públicos que compartan estas mismas competencias, están obligados a llevar un registro que evidencie la cronología de los trabajos realizados a los bienes, bien sean de mantenimiento o reparaciones, con especificación de materiales utilizados y el costo de los mismos. (Artículo 82)
        De manera que, las responsabilidades y las sanciones correspondientes a los daños ocasionados al patrimonio público no quedan limitadas a los órganos y entes del sector público, sino además se extiende al funcionario que ejerce funciones de gestión pública y a los particulares por sí misma o mediante persona interpuesta, quienes deberán responder penal, civil, administrativa y disciplinariamente por los delitos, faltas e irregularidades cometidas en ocasión a la adquisición, uso, administración, mantenimiento, registro, supervisión y disposición de los bienes públicos.
  
Ley Orgánica del Poder Público Municipal (2006)

A nivel municipal se encuentran escasas referencias en esta manera, sin embargo, en el Artículo 56 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal se aluden las competencias propias de los Municipios, quedando subsumida dentro de ellas la aplicación de políticas en áreas del patrimonio histórico como parte del mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.    

Ley Orgánica de Cultura (2014)

         Otra ley que se debe considerar es el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Cultura, publicada en Gaceta Oficial el 19 de noviembre del 2014 porque sistematiza las normas, principios y garantías constitucionales referidas a la cultura así como en los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela. En consecuencia, el objeto de dicha ley es:
Artículo 1
…fomentar y garantizar el ejercicio de la creación cultural, la preeminencia de los valores de la cultura como derecho humano fundamental, bien irrenunciable y legado universal, reconociendo la identidad nacional en su diversidad cultural y étnica; respetando la interculturalidad bajo el principio de igualdad de las culturas”
.
Con este Artículo queda expresado el reconocimiento de los antecedentes históricos de nuestro origen cultural, valorando en su justa dimensión la diversidad cultural como parte del nacionalismo y de la ciudadanía.
Artículo 2  “…la promoción, organización, fomento, investigación, formación, producción y circulación de bienes culturales, administración y disfrute de la cultura en todo el territorio nacional”
        Y como bien irrenunciable de la República, es un deber y obligación de parte de todos los órganos y entes de la Administración Pública a nivel Nacional, Estadal y Municipal, así como también del Poder Popular, y de las personas naturales o jurídicas dedicadas a lo antes  expresado.
        Asimismo, se encuentra que dicha ley se rige por principios que orientan las políticas culturales, y enmarcados dentro de un marco conceptual libertario; estos principios son, según el Artículo 4, los siguientes:
-   Multietnicidad
-   Unidad en la diversidad
-   Pluriculturalidad
-   Plurilingüismo
-   Interculturalidad en el marco de la descolonización y el ecosocialismo
-   Libertad de creación
-   Democracia
-   Pluralismo político
-   Humanismo
-   Paz
-   Justicia social
-   Igualdad
-   Equidad
-   Inclusión
-   Solidaridad
-   Soberanía
-   Responsabilidad social
-   Corresponsabilidad
-   Participación
-   Reconocimiento de las tradiciones
-   Dignidad
-   Integridad
-   Respeto a los derechos humanos
-   No discriminación
-   Libertad de cultos, y a los valores éticos y morales
-   Consolidación de la unión latinoamericana y caribeña.

         La defensa, fortalecimiento y promoción de los valores culturales recae directamente sobre el Misterio del Poder Popular en materia de Cultura, en corresponsabilidad con el Poder Popular, la familia, el Sistema Educativo, los Medios de Comunicación y cualquier otra forma de organización social, a través del conocimiento, la divulgación y comprensión de la cultura venezolana, como factor importante para fortalecer la identidad nacional.
         Los valores culturales expresan la creatividad de los pueblos y por lo tanto se convierten en el patrimonio cultural de estos porque necesariamente nos remiten a una identidad. En tal sentido, el Artículo 11 considera como Patrimonio Cultural de la Nación  “…a todas y cada una de las manifestaciones materiales e inmateriales que se entiendan como resultado o testimonio significativo de la cultura venezolana y que se declaren formalmente por ante el registro general de patrimonio del ente nacional con competencia en Patrimonio Cultural”. De igual manera, el referido artículo hace mención al “…derecho y atribución del Pueblo, de las comunidades, de las instituciones culturales públicas y privadas, gobiernos locales y regionales, (de) reconocer como valor patrimonial, a los museos, las tradiciones culinarias, los sitios históricos, así como cualquier otro bien cultural, el cual deberá ser formalizado por ante el organismo competente para la asignación de la Declaratoria como patrimonio cultural…”
         Queda explícito que, las manifestaciones tanto materiales como inmateriales, que conforman el Patrimonio Cultural de la Nación debe ser declarado y registrado ante un organismo competente el cual es el Instituto del Patrimonio Cultural, así como también queda señalado que, la valoración patrimonial que se realice deberá formalizarse en el mismo instituto. Es decir, el Estado venezolano delegada en un organismo público todo lo referente  a la preservación del acervo cultural del país dejando a instancias nacionales, regionales y municipales todo lo conducente al diseño de sus propias políticas públicas.

Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural (1993)
(Gaceta Oficial Nº Extraordinario 4.623, de fecha 03 de septiembre de 1993)

         La defensa del Patrimonio Cultural de la República Bolivariana de Venezuela queda regulada en los principios establecidos en los artículos 1 y 2 de la Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural, como obligación prioritaria del Estado y de la ciudadanía, cuyas competencias están establecidas en el artículo 8: “El Instituto del Patrimonio Cultural tiene por objeto la identificación, preservación, rehabilitación, defensa, salvaguarda y consolidación de las obras, conjuntos y lugares…”
         Es decir, de todo lo que constituyen los bienes de interés cultural de la nación. Por tal razón, y en cumplimiento de este objetivo el Instituto establecerá la coordinación necesaria con los Estados y Municipios para que las gobernaciones y municipalidades puedan llevar a cabo la protección y defensa de todos sus bienes.
        Sobre este particular el Artículo 43 de esta ley señala lo siguiente:

Las gobernaciones de los Estados y las municipalidades podrán establecer servicios de protección y defensa de los bienes ubicados en su territorio y que lleven las condiciones establecidas… (Para la declaratoria de bien de interés cultural). Asimismo, podrán adoptar las medidas destinadas a su salvaguarda, siempre que en los procesos de restauración y revitalización de dichos bienes, se cumplan las previsiones de esta Ley, sus reglamentos y las normas y procedimientos que dicte el Instituto del Patrimonio Cultural

         Por último, es necesario referirnos al artículo 44 el cual nos habla de la función sancionadora que tiene dicha Ley, y a la obligación de la participación, al respecto nos indica lo siguiente:

Quedan obligados a una participación activa en pro de la defensa, rescate y conservación del Patrimonio Cultural de la República todos los ciudadanos que habiten en su territorio. Será penado con dos (2) a cuatro (4) años de prisión quien destruya, deteriore o dañe cualesquiera de los bienes establecidos en los artículos 2° y 6° de esta Ley

        Asimismo, el artículo 45 refiere que:
El que por haber obrado con imprudencia o negligencia; o bien con impericia en su profesión, arte o industria; o por inobservancia de esta Ley, de sus reglamentos, normas, órdenes escritas o disposiciones oficiales ocasionen algún daño a esos bienes, será sancionado con la mitad de la pena anterior

         El anterior artículo señala que cuando el daño sea causado por desconocimiento de la referida ley, imprudencia o negligencia en sus acciones, trátese de funcionario público o no, será igualmente sancionado pero con una pena menor a la anterior.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Conclusiones


        Durante el desarrollo de la investigación hemos podido llegar a algunas conclusiones, las cuales tienen que ver con que el Municipio Ambrosio Plaza del Estado Bolivariano de Miranda, ciertamente posee una cantidad de bienes patrimoniales sobre los cuales además pesa sobre ellos una declaratoria de Bien de Interés Cultural por parte de un organismo del Estado, como lo es el Instituto del Patrimonio Cultural (IPC), pero que aun así, permanecen las mismas condiciones de abandono y en proceso de deterioro.
        Es pertinente destacar que ha habido un incipiente interés por parte del gobierno municipal por recuperar algunos de estos bienes, algunos ya descritos en la presente investigación pero sin ser la totalidad de los mismos.    
        Dicha recuperación ha sido emprendida a través de procesos de mejoramiento y arreglo de las estructuras conservando su estado original sin llegar a transformarlo, pero sin el establecimiento posterior de políticas conducentes al mantenimiento, protección, conservación y conocimiento por parte de la comunidad sobre el bien. Asimismo, dichos arreglos han sido ejecutados sin la intervención de los ciudadanos y comunidades en función de su incorporación y participación en los planes de recuperación.
         Ante este panorama, creemos entonces que el Municipio carece de verdaderas políticas de conservación efectivas que eviten no solo el deterioro de los patrimonios sino también el distanciamiento de los ciudadanos con respecto a los mismos. Y sobre este particular, juegan un papel fundamental los funcionarios públicos que laboran el área, o que se encuentran vinculados al tema de los patrimonios, debido a que es claramente observable la poca iniciativa en proponer y formular estrategias dirigidas incluso a lograr la vinculación entre promoción-conservación y participación-concientización.
         Otro aspecto necesario a describir al final de esta investigación es que las políticas públicas en el municipio son relacionadas con los escasos programas o planes culturales presentados por el Municipio a través de sus dependencias encargadas del trabajo cultural, enfocado en su mayoría a  festividades culturales, sobre la cual pesa además la amenaza de la poca concurrencia de la población por la poca difusión.
         Nos queda entonces, que como políticas públicas, solo se cuenta con las que diseñan y ejecuta el Estado a través de sus diferentes ministerios, gabinetes ministeriales y plataformas culturales. Sin embargo, esto nos conduce a plantear la horizontalidad de las políticas públicas en materia de conservación del patrimonio, y no desde la verticalidad que asume el Estado, lo cual pasa necesariamente por una gestión pública del patrimonio histórico tomando en cuenta a las comunidades como parte integrante del mismo en concordancia con lo que define el estado sobre la conservación de los mismos.
         Por todas las razones anteriormente expuestas, la autora del presente Trabajo especial de Grado presenta como propuesta el diseño de un tríptico y un inventario para lograr la promoción y conservación del acervo histórico para el rescate de la identidad cultural del Municipio Ambrosio Plaza.

Recomendaciones

         Al final de la presente investigación nos toca dejar asentadas algunas últimas consideraciones que servirán de recomendaciones.
         Primeramente, el acervo histórico del municipio es el patrimonio local que identifica a una ciudad, el cual puede representar grandes oportunidades de desarrollo de la población, así como también puede constituir una seria amenaza para el mismo. Por ello, muchos son los caminos que pueden facilitar que el acervo histórico se convierta en un verdadero instrumento de crecimiento y desarrollo, y uno de ellos es que los poderes políticos locales asuman la protección y conservación del patrimonio histórico no solo desde la restauración de sus edificaciones emblemáticas, sino que estas recuperaciones estén acompañadas también por legislaciones municipales y políticas públicas necesarias para su conservación, acordes al modelo democrático establecido en nuestra constitución.
         En este sentido, creemos que la gestión del patrimonio histórico como acervo debe estar dirigida al desarrollo y sostenibilidad de todos los elementos que lo constituyen, que algunos no fueron nombrados pero que no escapan de nuestro interés, como por ejemplo archivos, documentos, casas, fachadas, leyendas, entre otros, que al final enriquecen el acervo histórico local.
         Es importante no solo la formulación de las estrategias planteadas para lograr los objetivos de promoción y conservación sino que sirvan también de base para que el municipio active políticas de gestión como las exposiciones temporales y permanentes convirtiéndose en herramientas útiles de ocupación y revitalización de los sitios o espacios patrimoniales. Igualmente, la recuperación de la toponimia, los nombres de lugares, calles y plazas contribuyen a traer del olvido y de la memoria de los pueblos aquellos lugares que han sido emblemáticos. Así como también el establecimiento de reglamentos, convenios y normativas que estimulen la conservación del legado patrimonial con el que cuenta una comunidad y la democratización del mismo, es decir, acercar el patrimonio a la mayoría de las personas.


Lcda. Noraya J. Pérez Díaz
Cronista del Municipio Ambrosio Plaza
Historiadora
Especialista en Control de la Gestión Pública


PROPUESTA DE ESTRATEGIAS PARA LA PROMOCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL ACERVO HISTÓRICO COMO RESCATE DE LA IDENTIDAD CULTURAL EN EL MUNICIPIO AMBROSIO PLAZA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA (III PARTE)

         Hacer referencia a la Administración Pública, nos conduce obligatoriamente a referirnos al Estado porque ambos están unidos en una relación inseparable en el que, este último es el que da vida a la Administración, y ella como cuerpo del Estado refleja todo lo que este hace.
         Es a través de la Administración Pública que se pone de manifiesto las políticas públicas que el Estado diseña y ejecuta por medio de sus instituciones, siendo este el medio mediante el cual se puede medir la eficacia o no de su funcionamiento.
        Al respecto, Wladimir Pérez Parra (2013) afirma que:
 La Administración Pública es un ámbito de actividades gubernamentales que existen desde que los sistemas políticos funcionan, es tan antigua como el arte de gobernar, con ella se procuran conseguir los objetivos funcionales establecidos por las personas que tienen el poder para la toma de decisiones políticas, y que por lo general aspiran a que la administración sirva con objetividad los intereses generales (p.53)

         Acertadamente señala el autor que la Administración Pública es el motor que impulsa el funcionamiento del Estado y es gracias a ella que el Estado refleja su existencia.
         La Administración Pública ha pasado por diferentes transformaciones en el seno del sector público venezolano, razón por la cual nos hemos encontrado con referencias a los diferentes modelos de Administración que han dominado el escenario político en nuestro país desde la dictadura gomecista. Autores como Edgar Córdova Jaimes (2006) hacen referencia al modelo burocrático populista-centralizado basado en el gasto público, o en la concepción de un Estado benefactor de beneficios socioeconómicos producto de la renta petrolera.
         El modelo de administración pública descentralizado bajo la concepción de un Estado Moderno caracterizado por un Estado empresarial en el cual predominaron diferentes tipos de privatización. Y un tercer modelo llamado Burocrático-populista de base militar fundamentado en el socialismo del siglo XXI.
        De la descripción de estos modelos, nos interesa puntualizar que todos tienen como denominador común que dicha Administración Pública nos remite al Estado y en consecuencia a su función intrínseca; el control de la gestión pública.
         La gestión pública es definida por José Ángel Alzate Gómez (2009) como: “…el proceso integral, sistemático y participativo, que se articula en tres grandes momentos: la planificación, la ejecución y el seguimiento y evaluación de las estrategias de desarrollo económico, social, ambiental, físico, institucional, político y financiero sobre la base de unas metas acordadas de manera democrática”. (p. 29)
         Andrés Peraza (2012) define la gestión pública como “…la actividad administrativa que realiza el Estado para satisfacer sus fines a través del conjunto de organismos que componen la rama ejecutiva del gobierno y de los procedimientos que ellos aplican”. (p.95)
         Esta gestión pública en el ámbito municipal la encontramos ejercida por una máxima autoridad que orienta el ejercicio de su gestión a través de la planificación para dirigir, organizar, controlar y evaluar las diferentes políticas que le permitan el logro de las metas. En virtud del planteamiento de la formulación de propuesta de estrategias para la promoción y conservación del acervo histórico como parte de la identidad cultural del Municipio Ambrosio Plaza, se persigue que ellas contribuyan a mejorar la gestión pública en esta área.
        La gestión pública a nivel municipal es reconocida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), en su artículo N°168, señalándola  como una unidad político primaria que goza de una autonomía propia dentro de los límites establecidos por la constitución para administrar y ejercer la función pública dentro del ámbito de sus competencias, destacando dentro de ellas para fines de nuestra investigación la vinculada a la protección del patrimonio histórico.
         Es potestativo del gobierno municipal la elección del modo de gestión más conveniente para la definición, y ejecución de su administración pública, la cual requiere de la participación ciudadana como forma de asegurar el control y evaluación de la misma. (Artículo 69 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 2006).

Sistema Nacional de Control Fiscal

         Este sistema es entendido como el conjunto de órganos, estructuras, recursos y procesos integrados bajo la rectoría de la Contraloría General de la República, los cuales actúan coordinadamente con el fin de lograr la unicidad de dirección de los sistemas y procedimientos de control para coadyuvar en el logro de los objetivos de los entes y organismos, y para alcanzar el buen funcionamiento de la administración pública.
        Está integrado en concordancia con el artículo 26 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal, por los siguientes órganos:
1.- La Contraloría General de la República
2.- La Contraloría de los Estados, Distritos, Distritos Metropolitanos y Municipios.
3.- La Contraloría General de la Fuerza Armada Nacional.
4.- Las unidades de auditoría interna de las entidades y organismos sujetos a esta ley.
        Como órganos de control fiscal, están sujetos a los principios de:
· Capacidad financiera e independencia presupuestaria para ejercer eficientemente la función contralora
· El apoliticismo de la gestión fiscal
· El carácter técnico
· La oportunidad en el ejercicio del control fiscal
· La economía
· La celeridad en las actividades
· La participación ciudadana en la gestión contralora.


El Control dentro de la Administración Pública

         Desde una concepción etimológica, el vocablo control significa comprobación, inspección, fiscalización, intervención y regulación.
         El control surge como una necesidad de evitar que los órganos del Estado en el ejercicio de su función administrativa “…avasallen las normas y cometan actos arbitrarios que provoquen perjuicio e indefensión a los particulares” (Silva, p.25). Por ello, el elemento característico del control reside en que ninguna administración pública puede quedar al margen de un cuerpo normativo jurídico que lo regule y controle.

           De la misma manera, Silva Cimma (1976) afirma también que:
…para que haya control es menester no sólo que se comprenda la necesidad real de su existencia, sino que se subentienda también la convicción de que sólo sometida a principios constitucionales básicos podrá desenvolverse y desarrollarse la acción institucional dentro de un Estado…(p.28).

         Razón por la cual señala el autor que el control público está vinculado íntimamente a regímenes democráticos porque son los que garantizan el respeto y la independencia de la gestión a través de principios constitucionales.
         Es decir, dentro del Estado de derecho, la Administración queda subordinada a su propio sistema jurídico, el cual está consagrado en la normativa constitucional,  por lo que el control público sólo se da en un Estado democrático.
         Al respecto la constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que la Administración Pública está integrada por varios órganos de control que deben actuar bajo estricta sujeción a lo contemplado en esta norma suprema, porque en su actuación se comprometen intereses y patrimonios que no son de la exclusividad de dichos órganos sino de toda una colectividad. De modo que, la necesidad de control en el ámbito de la Administración Pública nace como fundamento principal para preservar el patrimonio público que además está integrado por recursos y bienes públicos del Estado, dispuestos al servicio de los ciudadanos y ciudadanas para el logro de las necesidades públicas. De allí que está regida por varios principios, entre ellos destacaremos:
· Principio de legalidad: la cual abarca a toda la administración pública en general cuya organización, asignación, distribución y ejercicio de sus competencias quedan sujetas a lo establecido tanto en la constitución como en las leyes respectivas, así como también en todos los actos administrativos que sean dictados conforme a la ley garantizando el ejercicio pleno de las libertades públicas, la consagración del régimen democrático, participativo y protagónico.
·  Principio de responsabilidad patrimonial: está relacionada a la responsabilidad que tiene la administración pública ante las personas por la gestión o los daños causados por parte de los funcionarios en su actuación.
·  Principio de eficacia: referida al cumplimiento eficaz de los objetivos, metas planes y compromisos de los órganos y entes de la administración pública.
·  Principio de eficiencia: principio establecido con el objetivo de lograr los requerimientos planteados y el alcance de los objetivos y metas.
         La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dispone en la Contraloría General de la República todas las actuaciones y funciones de inspección en cada uno de los órganos de la administración pública por ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos, bienes públicos y nacionales. En este sentido, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal establece dos sistemas de control en función de la salvaguarda de los recursos públicos, como lo son; el control interno y el control externo, correspondiéndole a cada sector público regulado en esta norma en su artículo 9, numeral 4, todo lo relativo a las normativas y manuales de procedimientos para una mejor función.
         El sistema de control interno de cada ente debe ser integral e integrado, y abarcar tanto aspectos presupuestarios como económicos, financieros, patrimoniales, normativos y de gestión. Y como órganos de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos a nivel nacional contamos con la Contraloría General de la República, a nivel Estadal con la Contraloría de los Estados, y a nivel municipal con las Contralorías Municipales.
         Todos los sistemas y procedimientos de control persiguen evitar el ilícito fiscal y la corrupción, por ello requiere de la integración y unicidad de los órganos de control fiscal. En este sentido, se crea el Sistema Nacional de Control Fiscal cuyo objetivo principal es el fortalecimiento de la capacidad del Estado para ejecutar su función de gobierno de forma eficaz, eficiente y transparente en el manejo de los recursos, y el establecimiento de responsabilidades ante las irregularidades en la gestión que pudiera cometer tanto el órgano o ente sometido a la actividad de control, así como también los particulares que cumplen una función pública.
         Para la determinación y el logro de este objetivo, el Estado venezolano ha tenido que pasar por unos antecedentes de fiscalización pública desde los inicios de la Colonia hasta la creación de la Contraloría General como órgano rector, y por la formulación de disposiciones o instrumentos normativos que establezcan con claridad las disposiciones  y el alcance del control. Por ello, se cuenta con la supremacía del texto constitucional, con una Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y el Sistema Nacional de Control Fiscal, con las Normas Generales de Control Interno, las Normas de Auditorías de Estado y con unas Normas para el funcionamiento coordinado de los sistemas de Control Interno y Externo, que integran el sistema jurídico normativo, que aunado a las políticas y procedimientos del Sistema Nacional de Control Fiscal y a otras normativas de organización social, buscan salvaguardar el patrimonio público y el desarrollo de una gestión pública transparente consagrada por principios de honestidad, eficiencia, eficacia, transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad en el ejercicio de la función pública.

Clasificación del Control Público

         De acuerdo a la Ley Orgánica de la Contraloría General, esta contempla dos tipos de control: el control interno y el control externo.
         El control interno o administrativo es el que se ejerce dentro de la propia administración pública. Constituye la base sobre la cual descansan todas las actividades para el funcionamiento de sus órganos y entes, y se realiza de conformidad con un marco normativo regulado por conceptos, principios y métodos, cuya función primordial es la salvaguarda del patrimonio público, entendiéndose éste como todos y cada uno de los bienes públicos adquiridos por los diferentes órganos y entes de la administración pública.
         Autores como Silva Cimma (1976) denomina a este tipo de control interno como administrativo o control jerárquico porque es potestativo del jerarca el “…ejercer el control sobre sus subordinados para ver y detectar cómo realizan la función administrativa que les corresponde…” (p.55), entre ellas la potestad sancionatoria o disciplinaria como vía para materializar el control cuando se ha producido algún daño al patrimonio. Por tal sentido, al control interno es necesario dotarlo y proporcionarlo de un conjunto de controles y mecanismos para el desarrollo de la actividad contralora.
         El artículo 35 de la referida ley al cual está sujeto el control interno lo define como:
 …un sistema que comprende el plan de organización, las políticas, normas, así como los métodos y procedimientos adoptados dentro de un ente u organismo sujeto a esta Ley, para salvaguardar sus recursos, verificar la exactitud y veracidad de su información financiera y administrativa, promover la eficiencia, economía y calidad de sus operaciones, estimular la observancia de las políticas y lograr el cumplimiento de su misión, objetivos y metas.

         El control externo comprende todo lo relativo a la vigilancia, inspección y fiscalización de la administración activa. De acuerdo al contenido de las diferentes modalidades de control público, este puede ser de varios tipos o dirigido a cuatro áreas específicas:
·         Control de legalidad: cuyo objetivo es ajustar la actividad contralora “…al conjunto de las normas jurídicas que regulan la conducta del órgano o ente público controlado, sean estas normas contenidas en la constitución, las leyes y demás actos normativos”. (Araujo, p.74)
·         Control de mérito: en este tipo de control la fiscalización va dirigida a la oportunidad o conveniencia del acto mismo, es decir, “…se verá si el acto, además de legal, es conveniente para la administración…” (Silva, p.59)
·         Control fiscal: es el que lleva a cabo la Contraloría General de la República puesto que se ocupa eminentemente de la gestión pública, y del resguardo del patrimonio público bajo los principios de eficacia y eficiencia en el gasto público.

·         Control de gestión: este tipo de control tiende a verificar y evaluar la forma como los órganos y entes públicos han realizado su actividad, la consonancia de esa actividad con las decisiones, planes y programas preestablecidos, y el cumplimiento o incumplimiento de los objetivos y las metas trazadas (Silva, 59)

La Participación Ciudadana

         La participación ciudadana es definida por Edward Ceballos (2009) “…como un proceso social, continuo y dinámico, por medio del cual los miembros de una comunidad a través de mecanismos establecidos y organizaciones legítimas en las cuales se encuentren representadas todos los miembros de una comunidad…” (p. 45) en la que deciden, aporta y participan no solo en la obtención de un bien común sino también en las actividades públicas.
         La participación ciudadana va mucho más allá de un mecanismo para alcanzar un objetivo, es también un medio para concientizar y socializar a los miembros de la comunidad y de identificarlos como factores importantes en la determinación de políticas públicas. Razón por la cual esté consagrada en la Constitución Nacional como principio, derecho, deber y como instancia de participación.
         Como principio está plasmado desde el preámbulo constitucional en el que se establece la refundación de la República con la transformación de un Estado democrático representativo al establecimiento de una sociedad democrática, participativa y protagónica.
         Como derecho se ve expresado en el Artículo 62 en el cual se reconoce el derecho que tienen los ciudadanos a participar libremente en los asuntos públicos, a ejercer el sufragio y a la rendición de cuentas de la gestión pública. Dicho artículo señala que:

La participación del pueblo en la formulación, ejecución y control de la gestión pública es el medio necesario para lograr el protagonismo que garantice su completo desarrollo, tanto individual como colectivo. Es obligación del Estado y deber de la sociedad facilitar la generación de las condiciones más favorables para su práctica.

         Como deber, la participación ciudadana está establecida en el Artículo 132, el cual nos dice que “Toda persona tiene el deber de cumplir sus responsabilidades sociales y participar solidariamente en la vida política, civil y comunitaria del país…”. Y como instancia de participación son los Consejos Comunales el escenario por medio el cual se ejerce el gobierno comunitario y la gestión de las políticas públicas de forma articulada e integrada.
         A fin de coadyuvar en el desarrollo social, económico y cultural, se integra a las comunidades mediante el ejercicio de la participación en las políticas públicas del Estado en sus diferentes escenarios; nacional, estadal y municipal. De allí que la Nación sea concebida como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, por ello pone al servicio de los ciudadanos todos los medios de participación política y social.
         De manera que la participación ciudadana tiene diversos canales de expresión, dentro de los cuales destacamos el vinculado a la formación, ejecución y control de la gestión pública, que a nivel municipal la encontramos en su incorporación en los procesos de definición y ejecución de la gestión pública, y en la evaluación y control de los resultados a través de la rendición de cuentas.

El Patrimonio Cultural venezolano

        Para el Estado el patrimonio cultural está constituido por un conjunto de bienes que conforman el patrimonio público, y estos surgen de un proceso histórico, en otras palabras, el patrimonio cultural, de acuerdo a Molina (2007) “…en tanto conjunto de elementos culturales que una generación recibe de las anteriores, no puede considerarse un acervo inmutable... (por el contrario) es una construcción social, cultural e históricamente determinada…” (p. 131). Por ello, se encuentra con una diversidad de patrimonios en cada sociedad y en cada cultura con elementos identitarios y simbólicos que representan y engloban todo el acervo histórico el cual no es estático sino dinámico, donde se pueden incorporar o desincorporar nuevos elementos culturales.
         Se debe entender que existe una estrecha relación entre lo que se considera patrimonio cultural y patrimonio histórico como parte de un acervo el cual está constituido por el conjunto de bienes materiales e inmateriales que demuestran el pasado histórico. Al respecto  Vargas (s/a) afirma que
…el patrimonio es histórico-cultural pues los bienes culturales son siempre producto de la dinámica histórica, y es asimismo relativo y en consecuencia histórico, porque depende tanto del contexto original donde tales bienes fueron generados como del nuevo contexto donde se insertan. (p. 82).

         Igualmente  Vargas (s/a)  define el patrimonio histórico cultural como:

 …el conjunto de bienes culturales singulares, resultado de cada   proceso histórico concreto, cuya propiedad es compartida por todos los herederos de ese legado: las costumbres, las formas de comportamiento, la gestualidad, las edificaciones, los utensilios, la  lengua, la música, la culinaria, los espacios socialmente creados, etc;  es decir, las formas culturales tangibles e intangibles que cada sociedad ha creado, transformado, reutilizado, y también las que está   creando en una época determinada”. (p. 83)              
  
         Comprender o enmarcar el patrimonio cultural implica entonces remitirnos a la herencia cultural como parte del conglomerado del acervo histórico

El Acervo Histórico a nivel internacional y nacional

         El Acervo histórico es la vida histórica de un Estado  donde se da a conocer y proyectar todo su potencial histórico y documental. En función de ello, se establecen políticas y estrategias destinadas a asegurar, no sólo la valoración, estudio, conservación y proyección de sus propios aspectos históricos y geográficos para dinamizar el completo desarrollo de la comunidad, sino también para permitir a todos los ciudadanos el acceso pleno a ese conglomerado, llamado acervo histórico.
       
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) desde 1956 concibe la necesidad de conservar el patrimonio cultural de la humanidad como elemento importante de una nación y constitutivo del acervo histórico de los pueblos, bajo los principios de la diversidad cultural, y como patrimonio común de la humanidad para su reconocimiento y consolidación en beneficio de las generaciones presentes y futuras, como parte de la diversidad cultural al pluralismo cultural como factor de desarrollo. Otras experiencias internacionales anteriores a la UNESCO a favor de la protección de los bienes patrimoniales son recogidos por Joselys Zerpa y Rafael Lunar (2008), los cuales son; la Carta de Atenas de 1931, la Carta de Venecia de 1964, las Normas de Quito de 1967, la Declaración de Amsterdam de 1975, el Llamamiento de Evora de 1997 y la Carta de Croacia del año 2000. 


         La actuación del Estado venezolano en cuanto a la preservación del acervo histórico toma como antecedente justamente lo establecido por la UNESCO en la Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales suscrita y ratificada en el país por contribuir verdaderamente en la paz internacional y el bienestar de toda la humanidad.
         Por tal razón se reconoce en nuestra cultura el origen aborigen como parte de un proceso anterior a la llegada de los europeos a nuestras tierras con un fin colonizador, y sus valores culturales para la preservación de la diversidad cultural a través de medidas de protección.
  •         A nivel nacional, se cuenta con referentes normativos encabezados por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, y por leyes y decretos en materia cultural, que referiremos en las bases legales. De modo que se debe considerar la Ley Orgánica de Cultura bajo la Gaceta Oficial N° 6.154 de fecha 19 de noviembre de 2014 cuyo objeto es el desarrollo de los principios rectores, deberes, garantías y derechos culturales establecidos tanto en la constitución como en los tratados internacionales suscritos por la República Bolivariana de Venezuela y aplicables a los órganos y entes de la Administración Pública Nacional, Estadal y Municipal, a las organizaciones de base del Poder Popular así como las personas de naturaleza pública o privada dedicadas directa o indirectamente a cualquier actividad que tenga relación con la práctica, promoción, organización, fomento, investigación, formación, producción y circulación de bienes culturales, así como la administración y disfrute de la cultura en todo el territorio nacional.


El Patrimonio y  La Cultura

        Es pertinente entonces delimitar que al hablar de patrimonios culturales se está haciendo referencia a los elementos constitutivos de una cultura determinada por sus valiosos aportes, pero a la vez nos estamos refiriendo a la cultura, definida por Guillermo Bonfil (1997) como:

 …el conjunto de símbolos, valores, actitudes, habilidades,          conocimientos, significados, formas de comunicación y   organización sociales, y bienes materiales, que hacen posible la vida de una sociedad determinada y le permiten transformarse y   reproducirse como tal, de una generación a las siguientes  (p.132).

         Aun cuando nos encontramos con una diversidad de conceptos y definiciones sobre el término de cultura, abordaremos su conceptualización desde el punto de vista antropológico porque nos refiere sobre la vida particular de un pueblo, y desde lo sociológico porque nos adentra en el conjunto de sus conocimientos, creencias y manifestaciones artísticas (García María, 2011). En tal sentido, la autora concibe el término de cultura como: “…el conjunto de modelos o patrones explícitos o implícitos, mediante los cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que la integran (…) Y abarcaría costumbres, prácticas, códigos, normas y reglas de la manera de ser, vestimenta, religión, rituales, normas de comportamientos y sistema de creencias…” (p.14).
        Ambos conceptos nos conduce a referirnos sobre la universalidad de la Cultura entendida ésta como el conjunto de rasgos de carácter universal en el cual cada cultura particular es una expresión de la misma del cual nos nutrimos y aprendemos, en tanto que individuos, con el fin de organizar y estructurar el mundo, lo que constituye un rasgo universalmente dado e idéntico en todas partes del mundo. Es decir, en toda sociedad existe una concepción cosmológica del universo, una teoría y práctica de lo sobrenatural (mágico-religioso), encontramos prácticas culturales organizadas bajo significaciones contrapuestas y contradictorias: bueno-malo; sagrado-profano; masculino-femenino. Todo esto nos permite afirmar entonces que la cultura está compuesta de símbolos y lenguaje por lo tanto no es genético sino aprendido.
         Desde la significación de estos símbolos, la cultura con todo su conjunto de rasgos y los elementos que la conforman, tienen vital importancia los bienes que constituyen el patrimonio histórico cultural de una región, como han sido considerados en el ámbito territorial y el valor simbólico que posee para los ciudadanos.
         Acertadamente afirma Iraida Vargas (2006), que en muchas de las ciudades venezolanas,
…se preservan bienes culturales que no poseen una vinculación con la población […] o se destruyen otros que sí la tienen…” Cometiéndose el error de olvidar que “…todos ellos poseen un contenido simbólico en función de cómo los percibe y usa la población, cuales sentimientos de identificación se han generado, y quienes han participado en las actividades que en esos espacios se han realizado… (316)

         En este sentido, y parafraseando el lema de “hacer una historia del pueblo, para el pueblo y con el pueblo”, cuyo objetivo fundamental es el empoderamiento y fortalecimiento de la memoria histórica, consideramos que se debe partir de la reconstrucción, la democratización y socialización de la memoria histórica del Municipio Ambrosio Plaza, a fines de alcanzar lo siguiente:
·         La protección del patrimonio cultural como memoria histórica de las comunidades.
·         El fortalecimiento de nuestra identidad histórica que permita la cohesión social y cultural de las comunidades.
·         Promover la participación de las comunidades, tal como está expresado en la constitución en el logro de la preservación y conservación  de todo nuestro acervo histórico.

La Historia Local como parte de la identidad cultural

         Para circunscribir todo lo anteriormente expuesto y llegar a la descripción histórica de nuestro espacio territorial a objeto de estudio, debemos realizar una pequeña aproximación a la historia local y regional como disciplina científica.
         La Historia Parroquial, llamada también microhistoria o historia local, es quizás una forma espontánea de acercamos al pasado, a la historia de las personas que nacen, viven y mueren en pequeñas localidades.
         Con los dinámicos cambios producidos en el siglo XX en los diferentes campos del conocimiento, las disciplinas históricas han sufrido adiciones, sustracciones y modificaciones convirtiéndola en un campo de estudio bastante amplio. De manera que la historia de los pueblos ha tenido como defensores a Marc Bloc, Braudel, Philippe Ariés, Alan Croix, entre otros. (Medina, p. 18).
         En Venezuela, no podemos dejar de mencionar a los propulsores de los estudios regionales, tales como Arístides Medina Rubio, Jorge Bracho, Ermila Troconis de Veracoechea.
         Arístides Medina Rubio (2007) nos dice que la microhistoria o la historia parroquial está relacionada con los niveles alcanzados por el desarrollo de las ciencias sociales y humanas, por las necesidades y realidades que surgen de las comunidades. Para las Ciencias Sociales, es necesario el uso de las fuentes de información, el desarrollo de nuevas técnicas y procedimientos de investigación, así como también la aplicación del espectro de temas y problemas para ser abordados. (p. 19)
         Es decir, para las comunidades es importante la identidad con su propio espacio,- sea parroquial o local -, lo que a su vez implica identificarse con su propia historia y tradición. Aunado a esto, las comunidades requieren de un conocimiento, lo más exhaustivo posible, y con métodos científicos de recolección de su pasado, para fundamentar las soluciones de los problemas que afectan su presente, que tiene sus raíces casi siempre en el pasado.
         En la actualidad, se puede afirmar que la microhistoria ha contribuido significativamente al conocimiento del pasado, y con mayor fuerza a las ciencias históricas. Son muchos los organismos, las instituciones y las personas involucradas en investigaciones locales en todas partes del mundo, y muy especialmente en nuestro país, quien ha puesto su mirada en la historia de los pueblos, cuya participación ha permanecido bajo las sombras e invisibilizada por un discurso histórico dominante, desde las ideas y valores de los vencedores, importante para una gran élite dominante, dejando en manos de  pueblos aquella historia anecdótica y vacía de sentido e identidad. Por esto, creemos que es urgente y necesario el abordaje de  la historia social y cultural desde los pueblos, como potencialidad para construir y transformar  la historia desde lo local y cotidiano, pasando por lo regional, hasta llegar incluso, a la transformación de la  historia latinoamericana.
         Hoy día, la reconstrucción del drama histórico debe partir de la memoria de los pueblos como instrumento y fuente de dicha renovada construcción, cuyo objetivo debe ser el fortalecimiento de nuestra identidad, desde lo local a lo nacional. De allí que, los hombres como protagonistas de la historia, deban identificarse con su entorno inmediato, acercándolo a una historia de transformación radical.
         Dentro de todo este contexto, el análisis histórico necesariamente debe superar las concepciones ideológicas dominantes de los vencedores, y  partir, desde una ideología libertaria con valores de solidaridad y respeto por la vida en la diversidad, en consecuencia se requiere  la organización y la  participación de los pueblos. Néstor Kohan señala que “la sociedad es una totalidad de relaciones atravesada por contradicciones internas que no son eternas, sino transitorias e históricas” (pág.18). En este sentido, la historia está llena de relaciones sociales basadas en la explotación y la dominación, pero esta visión puede cambiarse, porque la resistencia y la rebelión de los pueblos están en permanente aumento y exige de una renovada transformación social.
         En consecuencia, se ha demandado una transformación de la historia nacional y ésta ha comenzado a originarse desde la historia de las comunidades por su carácter de permanente renovación, en función de la búsqueda de la reconstrucción de la memoria e identidad  desde lo singular, es decir, desde la cotidianidad en el interior de los pueblos.

La Gestión del Patrimonio Cultural como parte de su Acervo Histórico

         La Ley de Protección y Defensa del Patrimonio Cultural recoge todos los bienes de interés cultural, discriminados de la siguiente manera:
-        Los bienes muebles e inmuebles declarados monumentos nacionales.
-        Los bienes inmuebles no declarados monumentos, los de algún valor histórico y artístico, y los bienes pertenecientes al Estado.
-        Las poblaciones y sitios de valores típicos, tradicionales, naturales, históricos, ambientales, artísticos y arquitectónicos.
-        Los testimonios históricos y sitios arqueológicos.
-        El patrimonio vivo del país (costumbres, tradiciones culturales, vivencias, manifestaciones musicales, folklore, lenguas y ritos.
-        Los objetos y documentos de valor histórico.
         A groso modo, todos estos elementos según previa declaratoria son constitutivos del patrimonio cultural de la nación, quedando en manos del Instituto tal función, limitando la capacidad de los Estados y Municipios en el reconocimiento de los valores patrimoniales. Pudiera darse una amplitud en este sentido con la reciente promulgación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Cultura, el cual reconoce los derechos y atribuciones del pueblo, comunidades, instituciones tanto públicas como privadas, a los gobiernos locales y regionales para reconocer el valor patrimonial de museos, tradiciones, sitios históricos o cualquier otro bien cultural.
         Ahora bien, en concordancia con Luis Molina (2007) quien acertadamente plantea que si “…los inventarios o censos patrimoniales permiten generar procesos permanentes de identificación del patrimonio cultural (…) y aprehender los complejos y continuos procesos de adopción y abandono de elementos culturales”. (143).    
Ciertamente tendría que afirmarse que, la iniciativa del Instituto del Patrimonio Cultural por publicar un catálogo que reúne un conjunto de bienes de interés cultural como estrategia para consolidar la identidad nacional constituye una tarea que nos acerca al reconocimiento e identificación de todo el acervo histórico, sin embargo, el mismo no nos conduce a evitar el abandono, el deterioro y la desaparición de todos ellos en el tiempo.                     
         La cultura como muchas otras es el resultado de múltiples contactos y aportes como lo hemos venido afirmando, por lo cual la hace dinámica y abierta a nuevos elementos culturales, y a la búsqueda de soluciones a los problemas que se presentan.
         En este sentido, es primordial la construcción de nuestra historia, el acceso a su continuidad para tener un acervo histórico que nos deje entender quiénes fuimos, quiénes somos y quiénes queremos ser, y dicha construcción no debe girar en contra de nuestra nacionalidad sino del mantenimiento de una actitud de conservación y de mantenimiento para garantizar la continuidad de la historia.
         En palabras de Mario Briceño Iragorry cada hecho histórico tiene su oportuna valorización en el presente. Lo viejo se deshumaniza y prosigue como símbolo en lo que tenga de positivo.
         Por ello, tanto Estado y cuerpos deliberantes deben continuar en la búsqueda de iniciativas para transitar en el camino sobre el patrimonio no solo para su identificación sino para la aprehensión de los elementos culturales, coherente con los procesos de transformación que estamos viviendo actualmente.

Importancia de las Estrategias para la promoción y conservación del Acervo Histórico


         Ante la necesidad de conservar, proteger y preservar el acervo histórico de una Nación en todo su conjunto, se han formulado, diseñado y promulgado un diverso número de leyes, reglamentos y acuerdos para legitimar estas acciones, y aun cuando falta mucho en el avance para evitar la destrucción y desaparición de nuestros patrimonios, por lo que se considera pertinente seguir estimulando esta acción para se continúe en la mejora de políticas públicas dirigidas a preservar el acervo a lo largo del tiempo. Por ello consideramos de vital importancia que tanto gobierno local como sectores involucrados al acervo activen y apliquen estrategias de protección y conservación del acervo histórico de la ciudad como mecanismo abierto al futuro, en el que juega un papel relevante la participación activa de la sociedad. Para ello proponemos un conjunto de estrategias que pueden servir para traer al patrimonio del anonimato y devolverles su naturaleza de espacio vivido (Prats, 2005) para facilitar el objetivo de conservación y promoción del Acervo Histórico del Municipio.

Importancia del Inventario como estrategia

         La finalidad del inventario es que permite identificar los fondos constitutivos del acervo histórico-cultural de una localidad. Desde el objeto de estudio de esta investigación, el inventario
…permite la localización, control e información sobre el patrimonio, además de una ordenación previa, estableciendo clasificaciones, de los bienes objeto de estudio facilitando, a su vez, la realización de cuantos catálogos y demás registros sobre patrimonio sean necesarios para su conocimiento y plena protección y difusión… (García, p.110)

         Es decir, con el inventario se puede cuantificar los bienes que forman parte del acervo municipal posibilitando el diseño, planificación de políticas públicas y normativas para su regulación.  

Un inventario correctamente elaborado es una herramienta que permite desarrollar estrategias de gestión para actuar en torno al patrimonio cultural, porque a la hora de definir las funciones de esa gestión, se debe considerar la identificación, recuperación y agrupación de objetos y colecciones, así como la documentación de los bienes culturales: estudios, conservación, difusión, exposición pública e interpretación o explicación”, (García, p.111)


        Si bien es cierto que el inventario tiene una función de asiento contable de los bienes culturales del acervo histórico, este registro conduce a la documentación e identificación efectiva de los mismos, a tomar las medidas necesarias que conduzcan a garantizar su salvaguardia, y hacer que las comunidades participen en la identificación del elemento patrimonial. (UNESCO)